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Prensa Camincar. Octubre 11.- Desde el año 2008 el mercado inmobiliario evidencia signos claros de desaceleración, producto de una serie de amenazas que generan incertidumbre y desconfianza, así lo señaló Arturo Facchin, Presidente de la Cámara Inmobiliaria de Carabobo.
“Las Invasiones, expropiaciones injustificadas, ataques a la propiedad privada, marco legal en constante cambio, inseguridad jurídica, limitación y restricciones de divisas, recursos de financiamiento a largo plazo limitados, trabas con permisos, conflictos laborales y sindicales, escasez de materiales y mano de obra medianamente calificada, restricciones en el suministro de servicios básicos como electricidad y agua potable, un nivel de inflación como un cáncer que devora nuestra economía, inseguridad personal, son algunas amenazas que sufre el sector”.
Aseguró, que se está navegando en aguas extremadamente turbulentas y peligrosas que comprometen la felicidad, el futuro y el progreso de las próximas generaciones de ciudadanos venezolanos, porque se está bajo una perspectiva donde, a su parecer, lamentablemente los emprendedores no emprenden, los constructores no construyen, los promotores no promueven, los financistas no financian, los vendedores no venden, porque los compradores no compran, conllevando finalmente a que los productores no produzcan.
El presidente de Camincar, destacó que es necesario comprender que se está ante un desafío histórico, ya que el mejor desempeño en materia de construcción de viviendas se logró hace 30 años durante el período 1979 – 1983, mandato presidencial del Dr. Luís Herrera Campins, cuando se materializó la construcción de 365 mil 589 viviendas, equivalentes a un promedio anual de 73 mil 118 viviendas por año.
Resaltó Facchin, que estas cifras revelan que el mejor desempeño en construcción fue en promedio de 4 mil 736 viviendas anuales por cada millón de habitantes, logro que tiene ya cierto tiempo, y que solo representa menos de un 80% de la meta anual deseada de 6 mil viviendas anuales por cada millón de habitantes.
En este sentido, afirmó “No solo nos han raspado como país en materia de vivienda. Lo más preocupante es que no hemos mejorado en nuestro desempeño. La oferta en materia inmobiliaria es insuficiente para resolver el déficit habitacional; se está en niveles muy bajos e inaceptables. No obstante, de no lograr contar con un mayor volumen de créditos para la adquisición de vivienda, subsidios directos, y otros beneficios no se podrá transformar la demanda potencial en demanda realmente efectiva”.
Aseguró Facchin, que mientras no se corrijan las distorsiones macroeconómicas, en especial, se controle el cáncer de la inflación, es imposible planificar ni a corto, ni a mediano y mucho menos a largo plazo. “Si no se controla la inflación se tendrá que convivir con este monstruo devorador de esperanzas, generando mayor insatisfacción y frustración en nuestra población”.
El sector privado inmobiliario está preparado para apoyar sustancialmente la necesidad que tienen las familias en su sueño de adquirir un techo. En ese sentido, el Estado ha tenido las mejores posibilidades económicas de la historia democrática de este país, por ello, el exhorto al Gobierno Nacional, para de manera mancomunada construir ciudades sustentables, viviendas y hogares fundados sobre valores, con una estructura sólida de principios, con una cobertura impermeable de virtudes y equipada de nobles ideales, dijo.
Fue enfático al aseverar, que la meta es construir seis millones de viviendas en los próximos 25 años, pero este desafío es imposible vencer si no convergen y concertan todos y cada uno de los protagonistas, sin excepción, en remar hacia el mismo objetivo enmarcados en un plan maestro de planificación y ejecución con políticas claras, coherentes y factibles a largo plazo en materia de vivienda.
“Es necesario un Gran Pacto Nacional de Vivienda, mediante la unión del sector público y privado, trabajadores, sector financiero, promotores, constructores, proveedores, urbanistas, arquitectos, ingenieros, economistas, estadistas, desarrollistas, planificadores, juristas, administradores, universidades, cámaras, gremios y todos los ciudadanos que se sientan comprometidos con la trascendental cruzada de construir hogares”.
Para la Cámara Inmobiliaria de Carabobo este es uno de los compromisos que como gremio se quiere honrar. Por ello, es prioritario convocar a todos los que han demostrado experiencias exitosas, tanto del sector público como privado, incluir a todos los que deseen participar para conformar una legión de gente preparada y estructurar el gran pacto nacional de vivienda a la brevedad posible, “Existen vientos adversos, sin embargo, hay elementos a favor como terrenos en abundancia, materia prima indispensable, profesionales comprometidos con la prosperidad de este país. Solo nos falta querer hacerlo de verdad”.
Una propuesta desde la Cámara Inmobiliaria de Carabobo, argumentó Facchin sería iniciar el gran pacto nacional de vivienda -para la planificación y elaboración del plan maestro vivienda 2010-2035, con la creación de un organismo rector autónomo que pudiera denominarse “Agencia Nacional Autónoma de Vivienda y Hogar”, cuya estructura organizativa estuviera constituida por entes regionales bajo la coordinación de autoridades únicas locales y bajo la supervisión de una autoridad mayor.
“Lo importante no son los nombres y la arquitectura organizativa sino la estructuración de las políticas coherentes y sustentables en el tiempo y el control y monitoreo de los alcances de esas políticas a mediano y largo plazo, ya que de lo contrario la problemática de viviendas seguirá creciendo como una gran bola de nieve”, aseveró.
Actualmente existen muchas familias venezolanas que están sufriendo por no poder habitar las viviendas que con tanto esfuerzo han adquirido en preventa, situaciones no deseables e incomodas que también resultan muy desagradables y angustiosas para la mayoría de los constructores serios y comprometidos con la tarea de ayudar a disminuir el déficit habitacional, señaló Facchin Olavarría.
Apuntó que posiblemente existan algunos casos donde las empresas estén actuando de manera inadecuada, sin embargo, tendrán la gallardía de responder ante los organismos competentes si la vía amistosa extrajudicial no rinde sus frutos.
Sobre el polémico tema del IPC, señaló que a partir del 10/06/2009, según resolución 110, quedó prohibido el cobro de cuotas de ajuste por Índice de Precios al Consumidor u otro mecanismo a las viviendas en construcción o por construirse. “Eso no tiene discusión y debe ser cumplida por todos los actores, pero hay que tener presente que la construcción de viviendas es una actividad extremadamente sensible a muchos factores macroeconómicos, en particular, es muy vulnerable al tema de la inflación.
El tiempo es una variable de gran peso dentro de la estructura de costos, materializar una vivienda desde que se concibe la idea hasta que se protocoliza, pueden transcurrir entre 18 meses hasta 36 meses y algunos casos hasta más, ya que se trata de una actividad que depende de muchos factores externos y en donde están involucrados muchos actores humanos”.
En este sentido, puntualizó el presidente de Camincar, que urge controlar la inflación, porque si bien es cierto que la vivienda es fundamental para todo ser humano, también es una necesidad que cuesta construirla y que mientras el monstruo de la inflación esté presente deben concertarse mecanismos que ayuden a compensar las distorsiones de los aumentos de precio tanto de los insumos y materiales de construcción, de mano de obra involucrada, equipos y maquinaria requeridos.
“Una propuesta sería que el Estado venezolano a través del Banco Central de Venezuela o del Instituto Nacional de Estadística genere un índice de ajuste de precios de vivienda o de precios inmobiliarios en general. Pudiera utilizarse la formulación de Étienne Laspeyres amplia y universalmente aceptada, lo que generaría mayor confianza en los encargados de materializar oferta inmobiliaria y traería tranquilidad a los compradores mientras el Estado hace todo el esfuerzo en controlar y mantener la inflación”.
Arturo Facchin, señaló sobre la denominada Ley Orgánica de Emergencia y Regularización de Tierras Urbanas, normativa propuesta por el Presidente de la República, que de materializarse y supuestamente confiscarse las obras que estén paralizadas, se evidenciaría una vez más la falta de planificación y la incapacidad del Estado para resolver la crisis habitacional.
“Esta medida sin duda se transformará en otro factor que desestimulará la producción de viviendas y aumentará el déficit habitacional. Debemos recordar que el déficit actual ronda las 2 millones de viviendas, y que cada año se incrementa en unas 130 mil viviendas adicionales.
Finalmente, fue enfático al señalar que “el compromiso es enorme; debemos esforzarnos para que la diatriba diaria no nos desvíe del objetivo fundamental que es abatir el déficit habitacional, generar empleos, traer prosperidad y felicidad a nuestros ciudadanos”.
Fecha: 11-10-2010
Fuente: Prensa Camincar
EL UNIVERSAL
martes 7 de septiembre de 2010 12:00 AM
El ministro de Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, dijo que las prioridades del Ejecutivo son impulsar el programa de rehabilitación de barrios y la construcción de las comunas, y luego la fabricación de soluciones habitacionales.
El funcionario, durante un evento en 23 de Enero, indicó que se hacen esfuerzos para reducir el déficit habitacional, pero manifestó que son más relevantes las acciones de las comunidades, “para nosotros la cantidad de viviendas no es importante”.
De todas maneras, expresó que la meta de construcción de casas este año está entre 50.000 y 60.000 unidades, no obstante, en el primer semestre los entes oficiales terminaron 5.000 casas.
A pesar de los resultados, dijo que en el sector privado la actividad es menor, “lo que hacen es alargar, alargar para no entregar las unidades”.
El funcionario apuntó que ayer se inició la rehabilitación de un edificio en 23 de Enero, en el marco del plan Barrio Nuevo Barrio Tricolor. Expresó que “estas acciones nos están costando menos que si contratamos a una empresa”.
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